¡ESCÚCHALO!
En esta segunda
entrega nos enfocaremos en la cuestión atinente al personal de la
municipalidad: su cantidad, el límite impuesto por la Carta Orgánica Municipal
(en adelante C.O.M.) y el último Censo Nacional.
La Carta Orgánica
1994 año de
reformas. Aquel famoso “Pacto de Olivos” que funcionaría como sustento de la
reforma de la Constitución Nacional, iniciaría una ola de reformas a lo largo y
ancho del país y el suelo misionero no estuvo al margen de este fenómeno.
Además de la reforma de la Constitución provincial, la ola reformista alcanzó tierra
montecarlense dando paso, un 28 de noviembre de 1994, a la primera Carta
Orgánica de Montecarlo, un voluminoso trabajo de 331 artículos que significó unos de los más grandes hitos para
nuestra historia institucional.
En todo ese
universo de artículos, nuestra C.O.M. alberga el 186 que establece:
“El personal empleado por todo concepto
incluidos asesores no podrá superar el (0,6%) -cero coma seis por ciento- de la
cantidad de habitantes contabilizados durante el último censo nacional”.
El Censo
Sucede pues
que, tal como surge del artículo citado, la referencia para calcular ese 0,6%
debe ser el “último censo nacional”.
Como bien se sabe, el último censo de esta escala fue aquel realizado en el año
2010, y en dicho recuento poblacional surge que nuestra comuna tenía a la sazón:
24.338 habitantes.
Desde entonces, dicho dato sirve para que, entre otras
minucias institucionales, se calcule la cantidad de empleados que puede alojar
nuestra municipalidad “por todo concepto” (léase: planta permanente o contratado).
El problema
No obstante, en
los últimos años este límite impuesto por nuestra C.O.M. está siendo
sistemáticamente violado por administraciones que utilizan el empleo público
como: (a) contraprestación de favores
políticos o de índole familiar (nepotismo), (b) elemento “fidelizante” de
punteros y simpatizantes del sector político gobernante, (c) prenda de cambio
para desactivar al pensamiento disidente, (d) garante de
recursos humanos para el proselitismo de campaña.
Ahora nomás en
el tratamiento del presupuesto 2022, el proyecto enviado por el ejecutivo adolece
de un grave defecto legal, a saber: la
plantilla de personal que hoy alcanza las 251 personas está excedida en
alrededor de 105 empleados en relación al límite de 146 que impone la propia C.O.M. Tal es así que, en la actualidad, el personal
de la municipalidad representa alrededor del 1,03% del total de habitantes de
nuestra comuna. En criollo, aprobar el presupuesto en estas
condiciones es convalidar la violación del artículo 186 de la C.O.M.
La solución
Ante esta
situación, alguno se preguntará ¿Cómo puede hacer la actual administración para
corregir esta situación sin tener que despedir a un centenar de empleados? Hay
una solución de fondo que la misma C.O.M. prevé: convocar a una convención constituyente de forma tal que se modifique
-entre otras cosas- el límite del artículo 186, y de esta manera, encontrar una
salida “elegante” a esta grave anomalía.
Lo cierto es
que nuestra C.O.M. está desactualizada y tiene algunos institutos que nunca se
pusieron en práctica, tales como el Procurador Fiscal, el Auditor Contable y el
Tribunal de Faltas, entre otros. Inclusive se puede aprovechar la oportunidad
para eliminar por esta vía el sistema de ley de lemas instaurando a un régimen electoral de
elección directa de nuestras autoridades como ya lo tiene el municipio de San
Javier, el cual sorprendió a toda la provincia con la sanción de una Carta
Orgánica digna de ser imitada.
La encrucijada
Para que esta
irregularidad pueda tener una solución de fondo, se necesita voluntad y
acuerdos políticos. El proceso de reforma es un largo camino que necesita de
mayorías especiales en el Concejo Deliberante, elección de Convencionales, la
elaboración del texto de la nueva C.O.M., entre otras exigencias propias del
caso.
Como toda
encrucijada hay una salida: aquella que prefiere seguir con estas anomalías
institucionales y hacer la vista gorda para seguir sacando provecho de su
estadía en el poder, o aquella que prefiere hacer el esfuerzo para mejorar la
calidad institucional de nuestra comunidad. Queda en nuestra dirigencia elegir
el rumbo a seguir.
